Los abogados del consorcio ruso Rosoboronexport están trabajando en las posibles acciones legales que tomarían en el caso de que el gobierno francés decida definitivamente no suministrar los dos portahelicópteros de la clase Mistral que está construyendo para Rusia. El gobierno francés tomará una decisión a finales de este mes de octubre sobre el suministro y cumplimento del contrato firmado con sus socios rusos o la cancelación del contrato. El contratista principal del programa es el astillero francés DCNS que se enfrenta a una sanción que en un primer momento se traduciría en una indemnización por incumplimiento del contrato de 1.050 millones de euros.
Sin embargo a esta cifra habría
que sumar aproximadamente 1.800 millones de euros en el caso de que una
eventual sentencia judicial valore todas las repercusiones sobre el
cliente y los socios industriales rusos, con lo que el total de
penalizaciones rondaría los 3.000 millones de euros. Este importe
estaría justificado por los gastos en que habrían ya incurrido los
astilleros rusos para completar la parte de la construcción que le fue
encomendada, así como los costes en que han incurrido por el transporte
de los bloques que fueron construidos en Rusia y enviados a Francia para
su montaje. El primero de los dos buques, el “Vladivostok”, debía ser
entregado a los astilleros rusos que terminarán de instalar la
superestructura y el armamento específico. Además Rusia insiste en la
pérdida de credibilidad como suministrador de equipamiento militar que
supondría para Francia en el caso de definitivamente cancelar la entrega
de los barcos “Vladivostok” y “Sevastopol”. (Jesús.R.G.)
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